26 de Mayo de 2009

Las cuentas públicas están afectadas por la crisis y presentan una evolución que genera inquietud, como es el creciente financiamiento con fondos de la ANSeS. 

En los últimos meses el superávit fiscal se fue reduciendo hasta convertirse en déficit financiero, es decir después de pagar los intereses de la deuda, en abril. El deterioro de las cuentas se ha debido a la caída de los ingresos fiscales más vinculados con el comercio exterior y la rentabilidad de las empresas, mientras que los dependientes del consumo se mantuvieron. 

Ante la caída de los recursos y la ausencia de oferta en el mercado de crédito voluntario, el Estado apeló en forma creciente al financiamiento a través de la colocación de letras en ministerios y organismos superavitarios, principalmente en la ANSeS. 

Desde el punto de vista oficial, este procedimiento garantiza la solvencia fiscal y aleja el fantasma del default. Pero, por otra parte, la absorción de fondos de la Seguridad Social genera una entendible inquietud, porque el pago de las jubilaciones y pensiones depende, en forma creciente, de los rendimientos de las inversiones decididas por el Estado y de su solvencia en el futuro. 

Esta preocupación está fundada en la amarga experiencia sobre el mal manejo de los fondos jubilatorios, una de cuyas consecuencias actuales es el bajo nivel de las jubilaciones y pensiones. Es necesario, por lo tanto, dotar de la mayor transparencia a las operaciones que se realicen y que la creada Comisión Parlamentaria de seguimiento de la ANSeS cumpla su misión en función de la sustentabilidad del sistema de seguridad social y no se deje influenciar por presiones políticas.

La utilización de recursos acumulados por el Ministerio del Interior remite, por otra parte, al tema de las finanzas provinciales, ya que se trataba de dinero originalmente destinado al interior, en momentos en que éste sufre una caída en sus ingresos y, en su conjunto, un déficit fiscal. 

El deterioro de las finanzas provinciales vuelve a poner en discusión el postergado tema de la Coparticipación. La reforma constitucional de 1994 incluyó el mandato de que el Congreso debe establecer un nuevo régimen de distribución de impuestos, pero esto aún no se ha concretado.  

En estas condiciones, el Gobierno Central tiene la posibilidad de utilizar recursos nacionales para distribuirlos en forma altamente discrecional y, en muchas ocasiones, en base a criterios más políticos que económicos o sociales. 

Otro tema vinculado es el estado del Fondo Anticíclico Fiscal, creado mediante la Ley 25.152, y reglamentado en abril del 2000. A partir de 2005 el Fondo recibió excedentes del superávit fiscal, pero desde hace años que no se informa sobre su contenido, lo que implica una falta de transparencia sobre el origen de los recursos a disposición del Estado.

La manipulación de las cuentas públicas no es una novedad ya que, desde 2003 los proyectos de Presupuesto han subestimado sistemáticamente la tasa de crecimiento del PBI, lo que le permitió al Ejecutivo contar con ingresos no previstos, disponibles para ser distribuido según el criterio del momento. 

La opacidad en el manejo del dinero público es causa de incertidumbre económica y en particular en un punto delicado, como es el grado de solvencia futuro.

Si bien las evaluaciones coinciden en que el Fisco no enfrenta en el mediano plazo un problema de ese tipo, es necesario transparentar la política fiscal y, fundamentalmente, ofrecer certidumbre sobre el destino y las perspectivas de los fondos previsionales.  

Las cuentas públicas muestran un deterioro como consecuencias de la crisis y en el primer cuatrimestre tuvieron un déficit financiero. Ante la ausencia de crédito, el Gobierno recurre en forma creciente a fondos de organismos oficiales, como la ANSeS. Esto genera inquietud sobre el futuro de los fondos previsionales. La falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos es motivo de incertidumbre. Reproducción del editorial del diario La Nación.
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NOTA RELACIONADA:
 

Anses: Sospechas en el reparto de fondos a las empresas

La diputada María Fernanda Reyes habló con LPO sobre la presentación de ayer de Amado Boudou. El funcionario no supo explicar qué criterios se utilizan para determinar a qué compañías se les prestan fondos y a cuáles no, y tuvo que reconocer que fallaron los planes de incentivo. El sospechoso caso de Minetti y los pagos de TGN. 

¿Cuáles fueron los interrogantes que dejaron la presentación y el informe de Amado Boudou sobre la utilización de los fondos de la Anses?

La cuestión más importante son los criterios utilizados para la toma de decisiones. Hay grandes dudas con los préstamos o el rescate de determinadas empresas, como el caso de Massuh, como cual es el criterio para apuntar a algunas y a otras no. En ese sentido, no hubo respuestas claras. Otro punto, dijo el mismo Boudou, que los préstamos que han sido emitidos para los planes de los electrodomésticos y los autos 0Km. No tuvieron la repercusión que esperaban tener. 

¿Esa inversión que no dio los frutos que esperaban se traduce en una pérdida de dinero para la Anses? 

Si lo que tomamos es que se hizo una inversión a plazo fijo no es una pérdida directa, pero sí es la no efectivización del proyecto. Hay depositados en determinados bancos un plazo fijo y esos bancos no están otorgando los préstamos. Por lo tanto, es plata congelada que podría estar destinada a otras cuestiones.

¿Qué saben en cuanto a la inversión en obra pública? 

Ellos dicen que hay varios proyectos de obra pública que están siendo evaluados por la UBA. Pero la realidad es que si uno ve para atrás la cantidad de anuncios de obra pública que se hicieron, la gran mayoría no han sido realizados, y ahora están siendo evaluados para ser financiados con fondos de la Anses. ¿Quién nos asegura que estos sí van a ser llevados adelante? 

¿Hubo información sobre la realidad de los jubilados?

Lo que quedó claro es que la prioridad no son los jubilados. Dijeron que no iba a haber ningún tipo de aumento, más allá de la movilidad. Se le preguntó si iban a lanzar planes efectivos, como de vivienda o consumo, apuntados directamente a los jubilados, y la respuesta fue el silencio. Pero lo más oscuro de todo esto, sigue siendo la toma de decisiones. 

Puntualmente sobre eso, ¿Qué explicación dieron sobre cómo se evalúa a qué empresas prestar, qué montos o a qué tasas?  

Dijeron que hay muchas empresas donde hay inversiones efectivas y que no se podía modificar. Reconocieron que se les estaba dando dinero a muchas empresas pero no explicaron los criterios utilizados, se ataron al discurso de que esto es para mantener el nivel de empleo y el ciclo virtuoso de la economía. En ningún momento expusieron si se hace por licitación, si hay un comité que decide, nada. Esta información no estaba. 

¿Ni la dijo Boudou ni figura en el informe que presentó? 

No, no dice absolutamente nada, lo que da a entender que hay una gran discrecionalidad en la toma de decisiones. A qué empresas se les da y a cuáles no. La última es el caso de Massuh, donde no es casual que esté Moreno detrás de esa empresa y donde tampoco es casual que sea una empresa que está en quiebra o que hace mucho tiempo está parada. 

El dinero que se les da a las empresas, ¿Son préstamos que luego tienen que ser devueltos, inversión directa del Estado adquiriendo patrimonio o simples salvatajes de las compañías sin devolución de los fondos? ¿Hay algún tipo de evaluaciones de la capacidad de las compañías para devolver ese dinero?

Esa es otra cuestión. En el caso de Massuh, por ejemplo, tenemos una seria capacidad de solvencia para devolver los fondos. Y no se toma como un préstamo, sino como una inversión de Capital, y el beneficio viene con la capacidad o no de la empresa de generar renta a futuro. Después tenés el caso de Obligaciones Negociables, que sí son préstamos a las empresas. Pero en ningún caso tenemos respuesta sobre el nivel de solvencia de esas empresas. De hecho, hay una causa con una empresa que no pagó las obligaciones negociables en este último tiempo…

¿Cuál es esa empresa? 

TGN (Transportadora de Gas del Sur), a la que le están armando un sumario.

¿En el informe figura detallado la cantidad de dinero y a qué empresas se les prestó? Porque por lo que trascendió aparecen nombres llamativos, como Cementos Minetti o hasta Mercedes Benz. 

Minetti no solamente tiene préstamos sino que el Anses allí heredó acciones de las ex AFJP, por lo que puso un director. De hecho, no sabemos si se negoció un director a cambio de adquirir Obligaciones Negociables. Con respecto a otras empresas, tenés a AySA –obviamente-, Ovoprot, una industrial, la automotriz Mercedes-Benz y Syngenta, que es agrícola. 

En cuanto a las automotrices, se habla de un anticipo de $ 164 millones por créditos prendarios correspondientes a la compra de 5222 automóviles que ya esta acordada. ¿Qué información tienen sobre esto? 

Ninguna. Lo único que dio es un informe de la UBA sobre la rentabilidad de esta inversión, que todavía no pudimos chequear. Estamos revisándolo.